El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), como ente regulador de las actividades ambientales en el Venezuela, prepara conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la elaboración de una normativa dirigida a atender el problema de los desechos eléctricos y electrónicos en el país, así como una serie de operativos que permitirán la recolección de los desechos peligrosos.
En este sentido, Simón Figueroa, director de Manejo de Residuos y Desechos, adscrito a la Dirección General de Calidad Ambiental del Minamb, informó que, “estos operativos se iniciarán como un plan piloto en cinco estados del país como son: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia y Anzoátegui, con 38 puntos de control, en lo que se espera la recolección de un gran porcentaje de desechos de celulares junto con sus accesorios, al igual que pilas AA y AAA. Labor que permitirá hacer un plan piloto para luego abarcar el resto de las regiones”.
Cabe destacar, que los aparatos celulares en desuso constituyen una peligrosa carga tóxica que amenaza la salud y el ambiente. Según investigaciones del MPPPCT, está determinado que la vida útil de un equipo de telefonía celular es de cuatro años, sin embargo, el promedio de uso no supera los dos años.
Se pudo conocer, a través de cifras ofrecidas por Conatel, que para el año 2010 habían 27.879.924 suscriptores de telefonía celular en el país, lo que significa que cada dos años se están generando alrededor de cuatro toneladas de desechos electrónicos sólo en este rubro, como parte de la obsolescencia programada por las grandes corporaciones, que consiste en acortar la vida útil de estos equipos de telefonía, política que no afecta sólo a Venezuela, sino al resto del continente latinoamericano.
En relación a esto Figueroa, señaló que, “el país cuenta con las herramientas necesarias desde el punto de vista jurídico para atender este problema, entre ellas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 127 establece el derecho y el deber que tenemos de garantizarle a las nuevas generaciones a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, atacando todo lo que sea tóxico y peligroso”.
En este espacio legal, en el país también existe el decreto 2635 y la Ley Orgánica del Ambiente, que en el artículo 80, establece cuáles son las actividades capaces de degradar al ambiente y cuáles causan daño significativo, por lo que esta ley se aplica en este tipo de problemáticas.
En cuanto al aspecto político, se refirió al Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB), que en todas sus directrices se refiere al problema ambiental y a la necesidad de garantizarle a la tercera generación, la administración adecuada de los desechos.
Cuando estos equipos electrónicos y eléctricos no son tratados de la forma correcta, terminan en lugares inadecuados como los vertederos, donde son quemados, produciendo una gran contaminación especialmente al agua, al suelo y al aire, afectando igualmente a la salud de miles de personas debido a que los mismos están compuestos por metales peligrosos como: manganeso, zinc, cadmio, níquel, plomo, mercurio, litio y cromo.
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